1. Que las comunidades tengan acceso a información, conocimientos, buenas prácticas y mecanismos que les permitan incorporar la economía circular a su vida cotidiana, desde los hogares, las instituciones educativas, las actividades industriales, comerciales, de servicios, los lugares públicos y de recreación, así como en las propias dependencias de gobierno.
2. Que las autoridades y legisladores cuenten con elementos de conocimiento, asistencia técnica y propuestas de comunicación en la materia que faciliten la toma de decisiones, el diseño normativo y de políticas públicas, el desarrollo de proyectos, así como la movilización social organizada, que les permita hacer efectiva la economía circular comunitaria incluyente, en beneficio de las población y el ambiente.
3. Que las prácticas de construcción, mantenimiento y demolición sean circulares a fin de que los residuos que se generen se aprovechen al máximo y tan cerca del lugar de generación como sea posible, mediante reutilización, remanufactura o reciclaje y la disposición segura y ambientalmente adecuada en lugares autorizados de los residuos que no se puedan aprovechar; y propiciar con ello la multiplicación de fuentes de empleo y la mitigación de emisiones de gases con efecto de invernadero.